A mediados de julio pasado, encargados del acueducto que abastece a los vecinos de las comunidades de Higuito y Colpachí, en Desamparados, encontraron cerca de los tanques de captación varios recipientes para plaguicidas, lo que generó la alarma de que habían sido vertidos en la toma del agua.
Análisis de laboratorio posteriores supuestamente descartaron alguna contaminación, pero el hecho evidenció una vez más la vulnerabilidad a la que están expuestas las fuentes de agua que utiliza no solo el AyA, sino también municipalidades y acueductos comunales para abastecer a sus usuarios.
Este tipo de eventos se presenta regularmente y seguirá en aumento en caso de que no se tomen medidas concretas, basadas en criterios técnico-científicos, para protección sanitaria de estas fuentes de agua utilizadas para el consumo humano.
Una inspección del Sindicato de Profesionales de AyA (SIPAA) evidenció que muchas de las fuentes donde se toma agua para abastecer a la población de la Gran Área Metropolitana (con previo paso por las plantas de tratamiento de la Institución) se encuentran en medio de zonas urbanas o cerca de establecimientos de actividades industriales o agrícolas, que además, carecen de adecuados sistemas de protección.
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Análisis de laboratorio posteriores supuestamente descartaron alguna contaminación, pero el hecho evidenció una vez más la vulnerabilidad a la que están expuestas las fuentes de agua que utiliza no solo el AyA, sino también municipalidades y acueductos comunales para abastecer a sus usuarios.
Este tipo de eventos se presenta regularmente y seguirá en aumento en caso de que no se tomen medidas concretas, basadas en criterios técnico-científicos, para protección sanitaria de estas fuentes de agua utilizadas para el consumo humano.
Una inspección del Sindicato de Profesionales de AyA (SIPAA) evidenció que muchas de las fuentes donde se toma agua para abastecer a la población de la Gran Área Metropolitana (con previo paso por las plantas de tratamiento de la Institución) se encuentran en medio de zonas urbanas o cerca de establecimientos de actividades industriales o agrícolas, que además, carecen de adecuados sistemas de protección.
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EVENTOS RECIENTES
La recurrencia de estos hechos es frecuente. En solo tres meses, la prensa ventiló cinco casos, pero según el SIPAA otros casos nunca salen a la luz pública.
- Un grupo de gobiernos locales del sector sur y oeste de la GAM denuncia tala ilegal en los cerros de Escazú, afectando acuíferos (Setiembre de 2014)
- Actos de vandalismo en fuentes de agua en acueducto administrado por la Municipalidad de Santo Domingo de Heredia (Setiembre de 2014).
- Denuncias por contaminación de acuíferos por las empresas piñeras (Agosto 2014)
- Presunto “sabotaje” en tomas que abastecen cantones de Oreamuno y Cartago (Agosto 2014).
- Amenaza de contaminación con agroquímicos en tomas en Colpachí, Desamparados (julio 2014).
La recurrencia de estos hechos es frecuente. En solo tres meses, la prensa ventiló cinco casos, pero según el SIPAA otros casos nunca salen a la luz pública.
- Un grupo de gobiernos locales del sector sur y oeste de la GAM denuncia tala ilegal en los cerros de Escazú, afectando acuíferos (Setiembre de 2014)
- Actos de vandalismo en fuentes de agua en acueducto administrado por la Municipalidad de Santo Domingo de Heredia (Setiembre de 2014).
- Denuncias por contaminación de acuíferos por las empresas piñeras (Agosto 2014)
- Presunto “sabotaje” en tomas que abastecen cantones de Oreamuno y Cartago (Agosto 2014).
- Amenaza de contaminación con agroquímicos en tomas en Colpachí, Desamparados (julio 2014).
Dos décadas sin que se tomen acciones
En el año 2001, casi en forma simultánea, se presentaron eventos de contaminación de las fuentes superficiales de la Planta de Tratamiento de AyA en Guadalupe (conocida como Los Tanques, carretera a Ipís), de Barrio España, en Escazú, y de la fuente subterránea de Puente de Mulas, en San Antonio de Belén. Esta última abastece a casi el 50% de la población metropolitana.
Estos hechos generaron la creación de una “Comisión Nacional de Aguas” (integrada por representantes del Centro Científico Tropical, Inciensa, UCR y Organización Panamericana de la Salud) que elaboró sendos informes en los que se alertó sobre la vulnerabilidad de las tomas y fuentes de agua y emitió serias recomendaciones urgentes de tomar.
Asimismo, el Ministerio de Salud y la Defensoría de los Habitantes, cada una por aparte, presentaron sus propios informes donde advertían de los enormes riesgos de la situación y establecían también una serie de recomendaciones.
Ha pasado más de una década y el AyA continua ignorando las advertencias y ha sido incapaz de establecer debidamente zonas de protección sanitaria, tal como lo evidencian estos episodios señalados por la prensa.
El SIPAA sostiene que esta situación expone a alto riesgo a la población.
Zinaida Matsenko, ingeniera civil sanitaria de AyA experta en plantas potabilizadoras, y que incluso brindó asesoría a la Comisión Nacional de Aguas, informó al SIPAA que en reiteradas ocasiones, desde 1994, presentó a todas las administraciones de turno, y jefaturas de todos los niveles de la Institución, numerosos informes técnicos evidenciando la problemática señalada y propuestas (incluso con costos) para establecer las necesarias zonas de protección sanitaria.
Matsenko recalcó que los episodios de 2001 tuvieron un fuerte impacto en la opinión pública, pero desde varios años ya se habían presentado múltiples incidentes similares, y que igualmente, se han seguido y seguirán presentando.
“La Institución simplemente ignora las recomendaciones. Es muy grave porque el desarrollo urbano y la actividad agrícola e industrial son descontrolados; nuestro país ignora los efectos en la salud de la población actual y generaciones futuras que podrían estar generando la inexistencia de adecuadas zonas de protección sanitaria”.
Detalló que “una toma de agua se puede contaminar con descargas de aguas negras de las casas e industriales, o por los desechos de la limpieza de una chanchera o de una lechería”, o incluso, “hasta podría ser saboteada con sustancias venenosas”.
En la GAM hay 16 plantas potabilizadoras que se abastecen de cerca de 26 tomas, todas en riesgo por la inexistencia de la zona de protección sanitaria.
También hay varias fuentes subterráneas, aproximadamente 13, expuestas a los mismos niveles de vulnerabilidad.
En el año 2001, casi en forma simultánea, se presentaron eventos de contaminación de las fuentes superficiales de la Planta de Tratamiento de AyA en Guadalupe (conocida como Los Tanques, carretera a Ipís), de Barrio España, en Escazú, y de la fuente subterránea de Puente de Mulas, en San Antonio de Belén. Esta última abastece a casi el 50% de la población metropolitana.
Estos hechos generaron la creación de una “Comisión Nacional de Aguas” (integrada por representantes del Centro Científico Tropical, Inciensa, UCR y Organización Panamericana de la Salud) que elaboró sendos informes en los que se alertó sobre la vulnerabilidad de las tomas y fuentes de agua y emitió serias recomendaciones urgentes de tomar.
Asimismo, el Ministerio de Salud y la Defensoría de los Habitantes, cada una por aparte, presentaron sus propios informes donde advertían de los enormes riesgos de la situación y establecían también una serie de recomendaciones.
Ha pasado más de una década y el AyA continua ignorando las advertencias y ha sido incapaz de establecer debidamente zonas de protección sanitaria, tal como lo evidencian estos episodios señalados por la prensa.
El SIPAA sostiene que esta situación expone a alto riesgo a la población.
Zinaida Matsenko, ingeniera civil sanitaria de AyA experta en plantas potabilizadoras, y que incluso brindó asesoría a la Comisión Nacional de Aguas, informó al SIPAA que en reiteradas ocasiones, desde 1994, presentó a todas las administraciones de turno, y jefaturas de todos los niveles de la Institución, numerosos informes técnicos evidenciando la problemática señalada y propuestas (incluso con costos) para establecer las necesarias zonas de protección sanitaria.
Matsenko recalcó que los episodios de 2001 tuvieron un fuerte impacto en la opinión pública, pero desde varios años ya se habían presentado múltiples incidentes similares, y que igualmente, se han seguido y seguirán presentando.
“La Institución simplemente ignora las recomendaciones. Es muy grave porque el desarrollo urbano y la actividad agrícola e industrial son descontrolados; nuestro país ignora los efectos en la salud de la población actual y generaciones futuras que podrían estar generando la inexistencia de adecuadas zonas de protección sanitaria”.
Detalló que “una toma de agua se puede contaminar con descargas de aguas negras de las casas e industriales, o por los desechos de la limpieza de una chanchera o de una lechería”, o incluso, “hasta podría ser saboteada con sustancias venenosas”.
En la GAM hay 16 plantas potabilizadoras que se abastecen de cerca de 26 tomas, todas en riesgo por la inexistencia de la zona de protección sanitaria.
También hay varias fuentes subterráneas, aproximadamente 13, expuestas a los mismos niveles de vulnerabilidad.
Protección verdadera
Una zona de protección sanitaria debería abarcar áreas con los retiros máximos (ver infográfico), dependiendo de las condiciones locales (geográficas, hidrológicas, topográficas, climáticas, sanitarias, epidemiológicas y en primer lugar, el caudal del río). En el caso de aguas superficiales debe existir un retiro de cerca de un kilómetro aguas arriba de la toma, explicó Matsenko.
Estas propuestas se originan en prácticas de protección sanitaria que se aplican en otros países.
Normalmente, en la práctica internacional las ciudades tienen una sola planta de tratamiento con una toma-captación con una sola zona de protección sanitaria de la fuente y el diseño es un complejo integrado por toma-captación, líneas de conducción y planta.
En contraste, en la GAM costarricense, el AyA es responsable de cerca de 40 tomas en las fuentes, y cada debería contar con su propia zona de protección sanitaria adecuada; y además, se encuentran ubicadas a larga distancia de las plantas de tratamiento, lo que complica aún más su protección sanitaria.
A esta desagregación de elementos, se suma el hecho de que la protección actual prácticamente se reduce la práctica de rodear con mallas de un metro de retiro a las tomas, por lo que no abarcan las áreas necesarias y por lo tanto son inútiles.
Actualizar normativa
La profesional también explicó que que la legislación nacional se redacta de manera genérica (tanto la existente como por ejemplo, el proyecto de Ley de Recurso Hídrico que se encuentra en la Asamblea Legislativa), sin tomar en cuenta la especificidad de cada caso y los distintos niveles de protección.
Las leyes establecen un nivel general de protección a las fuentes de agua, pero desde un punto de vista ambiental.
“Todos los ríos y fuentes de agua del país deben estar protegidos, pero en caso de las fuentes de agua seleccionadas para consumo humano, el MINAE debe establecer mayor control de protección”, explicó Matsenko.
Además, en los puntos de captación, al AyA le corresponde establecer medidas superiores de protección a las que haya definido el MINAE, aplicando los conceptos de zona de protección sanitaria tal como lo definen la normas de la Ingeniería Sanitaria para el Diseño de Plantas de Tratamiento de Agua Potable.
La Secretaria General de SIPAA, Jeannette Marchena, manifestó su absoluta preocupación por la vulnerabilidad a la que están expuestas las fuentes de agua potable y advirtió que en AyA “existe la costumbre de no actuar hasta que sucedan las desgracias, no se toman medidas correctivas o se establecen claramente las responsabilidades”.
“Cuando decidimos indagar la recurrencia de estos hechos lo hicimos basados en el conocimiento y experiencia que se había generado con las emergencias de de 2001, pero hoy vemos que situación sigue siendo la misma”, añadió.
Para SIPAA visibilizar estas situaciones forma parte de la responsabilidad de las organizaciones de la sociedad civil, porque en muchos casos como este, “las personas que dirigen las Instituciones, desde los altos niveles hasta los mandos medios, prefieren ignorar los problemas antes que resolverlos”.
Marchena dijo que la ciudadanía activa permite frenar la negligencia institucional, y que, un reporte como este contribuye a alertar a la población de los riesgos a los que se encuentra expuesta para que demande soluciones.
En Costa Rica tenemos un grave problema en el que las responsabilidades se diluyen entre las instituciones. Aquí debe existir una concordancia de las acciones del MINAE, del Ministerio de Salud, AyA y hasta gobiernos locales.
La normativa debe ser coherente desde su elaboración en la Asamblea Legislativa hasta en los aspectos técnico-científicos para la construcción y operación de sistemas de abastecimiento de agua para la población.
Además, dentro de las Instituciones, también debe existir mejores mecanismos de gestión.
“En AyA tenemos administraciones de turno, que llegan y se van cada cuatro años o menos, y también tenemos un estamento de directores y directoras que lleva años de años en sus puestos... unos y otros son responsables”, denunció Marchena.
Una zona de protección sanitaria debería abarcar áreas con los retiros máximos (ver infográfico), dependiendo de las condiciones locales (geográficas, hidrológicas, topográficas, climáticas, sanitarias, epidemiológicas y en primer lugar, el caudal del río). En el caso de aguas superficiales debe existir un retiro de cerca de un kilómetro aguas arriba de la toma, explicó Matsenko.
Estas propuestas se originan en prácticas de protección sanitaria que se aplican en otros países.
Normalmente, en la práctica internacional las ciudades tienen una sola planta de tratamiento con una toma-captación con una sola zona de protección sanitaria de la fuente y el diseño es un complejo integrado por toma-captación, líneas de conducción y planta.
En contraste, en la GAM costarricense, el AyA es responsable de cerca de 40 tomas en las fuentes, y cada debería contar con su propia zona de protección sanitaria adecuada; y además, se encuentran ubicadas a larga distancia de las plantas de tratamiento, lo que complica aún más su protección sanitaria.
A esta desagregación de elementos, se suma el hecho de que la protección actual prácticamente se reduce la práctica de rodear con mallas de un metro de retiro a las tomas, por lo que no abarcan las áreas necesarias y por lo tanto son inútiles.
Actualizar normativa
La profesional también explicó que que la legislación nacional se redacta de manera genérica (tanto la existente como por ejemplo, el proyecto de Ley de Recurso Hídrico que se encuentra en la Asamblea Legislativa), sin tomar en cuenta la especificidad de cada caso y los distintos niveles de protección.
Las leyes establecen un nivel general de protección a las fuentes de agua, pero desde un punto de vista ambiental.
“Todos los ríos y fuentes de agua del país deben estar protegidos, pero en caso de las fuentes de agua seleccionadas para consumo humano, el MINAE debe establecer mayor control de protección”, explicó Matsenko.
Además, en los puntos de captación, al AyA le corresponde establecer medidas superiores de protección a las que haya definido el MINAE, aplicando los conceptos de zona de protección sanitaria tal como lo definen la normas de la Ingeniería Sanitaria para el Diseño de Plantas de Tratamiento de Agua Potable.
La Secretaria General de SIPAA, Jeannette Marchena, manifestó su absoluta preocupación por la vulnerabilidad a la que están expuestas las fuentes de agua potable y advirtió que en AyA “existe la costumbre de no actuar hasta que sucedan las desgracias, no se toman medidas correctivas o se establecen claramente las responsabilidades”.
“Cuando decidimos indagar la recurrencia de estos hechos lo hicimos basados en el conocimiento y experiencia que se había generado con las emergencias de de 2001, pero hoy vemos que situación sigue siendo la misma”, añadió.
Para SIPAA visibilizar estas situaciones forma parte de la responsabilidad de las organizaciones de la sociedad civil, porque en muchos casos como este, “las personas que dirigen las Instituciones, desde los altos niveles hasta los mandos medios, prefieren ignorar los problemas antes que resolverlos”.
Marchena dijo que la ciudadanía activa permite frenar la negligencia institucional, y que, un reporte como este contribuye a alertar a la población de los riesgos a los que se encuentra expuesta para que demande soluciones.
En Costa Rica tenemos un grave problema en el que las responsabilidades se diluyen entre las instituciones. Aquí debe existir una concordancia de las acciones del MINAE, del Ministerio de Salud, AyA y hasta gobiernos locales.
La normativa debe ser coherente desde su elaboración en la Asamblea Legislativa hasta en los aspectos técnico-científicos para la construcción y operación de sistemas de abastecimiento de agua para la población.
Además, dentro de las Instituciones, también debe existir mejores mecanismos de gestión.
“En AyA tenemos administraciones de turno, que llegan y se van cada cuatro años o menos, y también tenemos un estamento de directores y directoras que lleva años de años en sus puestos... unos y otros son responsables”, denunció Marchena.